La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación destacó la iniciativa anunciada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al considerar que constituye un necesario avance para la implementación de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La puesta en marcha del plan de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos bonaerenses, que fue anunciada recientemente, tiene como principal objetivo la sustitución definitiva de este tipo de instituciones en un plazo de 3 años. Dicho plan tiende a dar cumplimiento a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y a compromisos internacionales que surgen de los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino.

Por un lado, la Ley Salud Mental, sancionada en el año 2010 y reglamentada en el año 2013, promueve la sustitución definitiva de los hospitales monovalentes de internación por servicios basados en la comunidad y orientados a la inclusión social de todas las personas. Ese proceso tenía como plazo para su cumplimiento el año 2020 de acuerdo con el Consenso de Panamá de la Organización Panamericana de la Salud – adoptado por nuestro país a través del decreto nacional n° 603/13- pero la falta de avances durante los últimos años impidió cumplir con dicho plazo.

Asimismo, en el plano de los compromisos internacionales es importante recordar las recomendaciones realizadas por los órganos internacionales de monitoreo de los tratados de derechos humanos, entre ellos, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos con jerarquía constitucional.

Acompañando la constante preocupación de la sociedad civil con relación a la salud mental y los derechos humanos, el 3 de diciembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a todos los Estados a erradicar las diferentes formas de discriminación y estigmatización contra las personas con discapacidad, especialmente, a través de políticas que promuevan su desinstitucionalización, reconociendo la legislación nacional argentina como una de las normas de la región que cumple con las obligaciones internacionales.

Es por ello que la Secretaría celebra y apoya esta medida adoptada por el gobierno provincial, en continuidad con los procesos de externaciones sustentables llevados a cabo durante el año 2020, que dan cuenta de que las transformaciones institucionales para asegurar los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental no sólo son necesarias, sino también posibles.