Avisa de que el anteproyecto de equidad sanitaria que pretende Darias puede acabar en los tribunales, al invadir competencias de las comunidades autónomas.

La sanidad privada española considera que el nuevo anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el acceso a la sanidad pública pretende imponer «un modelo inflexible y limitante». Así respondió este lunes el sector tras el visto bueno del Consejo de Ministros a la nueva ley de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que tiene entre sus objetivos impedir nuevos copagos sanitarios, recuperar la universalidad de la atención o limitar la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Actualmente, el 11,3 por ciento del gasto sanitario público se destina a los conciertos de servicios sanitarios (la mayoría de ambulancias y reducción de listas de espera), según los datos del propio Ministerio de Sanidad. El presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, explica a ABC que «estamos ante un debate contra natura de carácter ideológico en la que se está intentado imponer una solución única como válida y se limita la capacidad de gestión de las comunidades autónomas que son quienes tienen la competencia en Sanidad».

Con este anteproyecto, –asegura Rus– el Gobierno intenta implantar un «modelo inflexible» en un contexto de «aumento del gasto sanitario por el envejecimiento de la población». «Eliminar herramientas no parece lo más lógico en este momento y además hacerlo de forma obligatoria sin dar a las comunidades la capacidad de elegir», aseguró el presidente de ASPE, que representa al 80 por ciento de la sanidad privada en España.

Además, apenas el cinco por ciento de los hospitales públicos están gestionados por la sanidad privada en España. Es el caso de algunos hospitales de Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y en menor medida, Extremadura. Para ASPE, la colaboración público-privado es un «modelo de éxito», ya que ha permitido «reducir listas de espera en hospitalización, diagnóstico por imagen, terapias respiratorias y diálisis, entre otras». «El paciente quiere buena medicina, no le importa la titularidad o el modelo de gestión», asegura Rus.

El presidente de ASPE avisa también al Gobierno de que el anteproyecto «puede acabar judicializándose» por «limitar la gestión de los recursos que son competencia de las Comunidades Autónomas».

Podemos pretende acabar con la colaboración público-privado en el SNS. Por ello, ha pedido a la ministra de Sanidad que blinde al SNS de la gestión privada, tal como ha hecho el presidente de la Comunidad Valencia, Ximo Puig al no renovar los contratos de concierto de los hospitales de Torrevieja y Alzira.

ASPE recuerda que solo en el caso del hospital de La Ribera (Alzira) esa decisión ha supuesto un «sobrecoste de 76 millones de euros generado tras su vuelta a la gestión pública». Las listas de espera se han triplicado de 56 a 157 días y se han desviado más de 7.000 ecografías a clínicas privadas, según explican desde ASPE, que además puntualiza que la actividad en las consultas han bajado un 3%.

En el caso del Hospital de Torrevieja, hasta el fin de la concesión (15 octubre 2021) tenía las menores listas de espera de toda la Comunidad Valenciana, con 56 días de media, según lo propios informes oficiales y auditorías de la Generalitat valenciana recogidos por ASPE.

La asistencia sanitaria integral de la población de este distrito sanitario suponía un ahorro del gasto corriente público de 45 millones al año, lo que se traduce en un 30% de ahorro sobre el gasto medio de los hospitales de su misma categoría, según los datos del informe de la Sindicatura de Cuentas valenciana recogidos por ASPE.

En la misma línea, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada de España, asegura que «no aceptar el papel de la sanidad privada es dar la espalda a la realidad, ya que este sector lleva a cabo una actividad asistencial muy significativa -al descargar notablemente tanto la presión financiera como la demanda asistencial y las listas de espera asociadas-».

Además recuerda que el sector privado es propietario de casi el 40 por ciento de los recursos sanitarios del país y que la mayoría de los españoles (76,1 por ciento) consideran a la sanidad privada como un apoyo fundamental para el sistema público, por lo que califican de necesario y o muy necesario impulsar la cooperación entre ambos.

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