El juez Luís Roberto Barroso, del STF de Brasil,le ordenó al gobierno de Jair Bolsonaro elaborar un nuevo plan para contener la Covid-19 en los pueblos indígenas donde se ha producido más de 31.700 contagios y 470 muertes.

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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó al gobierno de Jair Bolsonaro elaborar un nuevo plan para contener la Covid-19 en los pueblos indígenas, vapuleados hoy por más de 31 mil 700 contagios y 470 muertes.

La disposición resultó emitida por el juez Luís Roberto Barroso, del STF, y el proyecto tendrá la participación del Ministerio de Salud, la Fundación Nacional del Indio (Funai) y la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), para ser presentado en un plazo de 20 días.

Barroso negó la aprobación del actual programa (su segunda versión), al considerarlo ‘genérico y vago’, lo cual hace imposible supervisar su aplicación.

Según el ministro, el documento no presenta, con integridad y detalle adecuado, las acciones a realizar, objetivos, criterios, indicadores y calendario de ejecución. Silencia, sin embargo, un conjunto de cuestiones esenciales.

‘La pandemia lleva aproximadamente siete meses en marcha y todavía no existe un plan adecuado para hacer frente al problema, a través del cual la Unión asuma compromisos medibles y controlables, situación que expone el grave riesgo para la salud y vida de los pueblos indígenas’, apuntó.

Su determinación apareció en los registros de la denominada acción ADPF 709, presentados en el STF por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y por seis partidos de oposición.

Este argumento constitucional exige que se adopten medidas para proteger y promover la salud de los pueblos originarios aislados y los contactos recientes, mediante la elaboración y aplicación de un nombrado Plan de Barreras Sanitarias para prevenir el contagio.

Para las demás comunidades aborígenes, la acción exige la elaboración del designado Plan General de Confrontación y Vigilancia de la Covid-19.

De acuerdo con Barroso, se palpan avances efectivos en esa última iniciativa, especialmente gracias al apoyo de la Abogacía General de la Unión. ‘El plan ha sido preparado, parcialmente aprobado y está en fase de ejecución’, señaló.