Solicitan desde la Defensoría del Pueblo que tanto la sanidad privada como la pública actúen de forma coordinada para aliviar la situación emergente de Salud Mental. Advierten también, sobre la escasez de profesionales especializados, habiendo registrado sólo tres psiquiatras y diez psicólogos por cada cien mil habitantes. De igual modo, informan sobre la desproporcionalidad en la asignación del presupuesto, la cual no tendría en cuenta a las enfermedades mentales y los trastornos de la conducta.

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