El gobierno federal envió máquinas de prueba rápida gratuitas a 14.000 instalaciones. Pero han venido con costos inesperados, reglas de informes engorrosas y preguntas sobre la precisión.

Después de meses de soportar una escasez de equipo médico de protección y el asombroso número de muertos por la pandemia del coronavirus, los operadores y empleados de hogares de ancianos en todo Estados Unidos experimentaron algo cercano a la euforia cuando las máquinas de prueba de resultados rápidos pagadas por el gobierno federal comenzaron a llegar el mes pasado a 14.000 establecimientos residenciales que atienden a personas mayores.

Los dispositivos de prueba portátiles, que entregan resultados en tan solo 15 minutos, estaban destinados a diagnosticar y aislar rápidamente a los pacientes, y alterar el cálculo mortal de un contagio que se ha cobrado la vida de 77,000 residentes y trabajadores de hogares de ancianos, más de 40 por ciento de las muertes de la nación por Covid-19.

Pero la sensación inicial de alivio se ha visto superada por la frustración cuando los hogares de ancianos han descubierto que deben pagar por los kits de prueba por su cuenta y que las máquinas son mucho menos precisas que los diagnósticos basados ​​en laboratorio. Debido a que los dispositivos vienen con un modesto conjunto inicial de suministros de prueba que solo duran unas pocas semanas, las instalaciones, muchas de ellas afectadas por las pérdidas financieras de la pandemia, deben pagar aproximadamente $32 por cada prueba adicional. En comunidades con altas tasas de infección, un hogar de ancianos típico puede realizar cientos de pruebas a la semana.

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