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Programa Provincial de

Implementación de Políticas de Género y Diversidad en Salud

Ministerio de Salud

Marco conceptual

La salud reproductiva, la(s) sexualidad(es), el(los) género(s) y los derechos constituyen un campo estrechamente interconectado al proceso de legitimación social y político como derechos humanos fundamentales.

En este sentido, la perspectiva de género y derechos aplicada al área de la salud contribuye a una visión compleja de los determinantes sociales y subjetivos implicados en el proceso de producción de salud – enfermedad, atención, cuidado -.

Así entendemos que a efectos de fortalecer las estrategias de prevención y de optimizar la atención sanitaria se busca que los procesos de atención-cuidado ganen en niveles de calidad, adecuándose a las especificidades y trayectorias singulares de cada persona. Para ello se requiere de una planificación de las políticas públicas sanitarias desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando el pleno acceso para todas las personas y promoviendo la ruptura de los mecanismos constructores del estigma, la discriminación, la violencia y la desigualdad social.

En este marco comprendemos que es importante destacar que entendemos que la Diversidad Sexual nos remite  a pensar en identidades de  género y orientaciones, que  van más allá del modelo heterosexual normativo. Este modelo, denominado heterosexual normativo, implica el proceso por el cual se ha ido formalizando, estructurando y constituyendo  a la  heterosexualidad  como el patrón “natural” y “normal” de las relaciones sexo – afectivas; instalando al mismo tiempo un determinado sentido  social de los géneros.

Sin embargo, cada sociedad construye a partir de sus relaciones sociales su posicionamiento social sobre el género, presentando diferencias en relación a su constitución socio-histórica.

Perspectiva de Derechos  Humanos

Con la sanción de la Ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género se fortalece el paradigma de derechos  humanos; y así el Estado argentino se posiciona como garante del cumplimiento y resguardo  de este  marco legislativo.

La Ley 26.743 (2012) entiende  a la identidad de  género  como “la vivencia interna e individual tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

Esta  perspectiva de  derechos pone  en tensión aquellas estructuras sociales  que  venían sosteniendo  como “normal y  natural” al modelo binario y heterosexual del género, categorizando personas y comportamientos. Además, convoca a repensar las intervenciones  institucionales  desde  un enfoque despatologizador y de ampliación de los derechos de la  ciudadanía.

La erradicación de procesos de  discriminación, patologización y exclusión en los servicios  de salud es un eje central  en este  nuevo enfoque, apuntando a garantizar el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos y todas.

En el artículo 11 de la mencionada ley se establece el acceso “al goce de su salud integral, a acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida” (Ley de Identidad de Género; 2012); incorporando dichas prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO).