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Intervenciones a construir: abordaje intersectorial, comunitario y territorial con personas jóvenes con padecimiento mental y en conflicto con la ley penal

Autor@s

APELLIDO Gómez, Fernando O. / Patronato de liberados de la Prov. de Buenos Aires.[i]

APELLIDO, Orleans, Claudia / Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires.[ii]


Eje de trabajo: 1) Experiencias y estrategias de promoción y prevención comunitaria de Salud Mental y Adicciones

Palabras clave: pos encierro  – jóvenes-política pública


En el  presente trabajo, se analiza conceptualmente los efectos subjetivos de la exclusión social y su incidencia en  los procesos de inclusión, a partir del recorte de experiencias de intervención llevadas a cabo desde distintos efectores de política pública. Las historias de vida relatadas y las experiencias de intervención, son el resultado del trabajo profesional, llevado adelante con  jóvenes que transitaron distintos procesos de institucionalización y se encuentran en condiciones de egreso de instituciones totales y con necesidad de emprender una vida en comunidad  en forma sustentable.

Se realiza una caracterización  de la población presente en el análisis: jóvenes cuyos trayectos de vida, mayoritariamente, se dieron en contextos de encierro, exclusión social, consumo problemático, escasa inserción escolar, territorial, comunitaria y familiar. Al mismo tiempo, se describen los  alcances y los límites de los dispositivos institucionales de las políticas públicas presentes en la intervención, y las controversias en el trabajo interdisciplinar e intersectorial. Transversaliza la discusión:

  • La perspectiva de los Derechos Humanos
  • Los dispositivos comunitarios como soporte para la inclusión social.
  • Los efectos subjetivos del encierro y  su incidencia, tanto en la  des institucionalización, como en el abordaje comunitario e

A modo de conclusión, se hipotetiza sobre la capacidad  que presentan  los dispositivos institucionales de las políticas públicas, de alojar  e instituir  intervenciones propias de la complejidad que estas situaciones conlleva.

Introducción

El presente material expresa algunas líneas de análisis y reflexión a partir del trabajo como profesionales psicólogos con poblaciones pos carcelarias (sean estas provenientes del régimen penal juvenil o del régimen penitenciario de adultos). Nuestra inscripción institucional tanto en el actual Organismo de Niñez como en el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, nos permite acumular un número de experiencias y realidades que posibilita localizar insistencias para su análisis. El cual, al mismo tiempo,  se nutre de nuestro estudio en el ámbito académico.

El trabajo tiene como objetivo visibilizar las marcas y los modos de subjetivación en contextos de encierro y pensar posibles intervenciones, teniendo en cuenta el  padecimiento al cual estos modos someten y se hacen presentes en el abordaje pos encierro.

Es importante en esta introducción dejar establecidas dos explicaciones sobre el recorte de la población. En primer lugar, vamos a caracterizar una población de jóvenes varones, dejando en esta oportunidad por fuera el análisis de mujeres jóvenes con medidas pos encierro, porque configura otra particularidad en la intervención que exceden este escrito. En segundo lugar, la población de jóvenes que abordamos es punible, y su condición de egreso del sistema penal y/o su permanencia en una medida no privativa de libertad, se encuentra regulada por la justicia en virtud del proceso en el cual se intenta establecer la responsabilidad en el hecho que se le imputa.

Establecido estos límites, desarrollaremos, en primera instancia, el aporte que puede establecer los cambios normativos en materia de salud mental sobre el trabajo pos encierro y en el conjunto de políticas públicas entendidas en perspectiva de Derechos Humanos. En segundo lugar explicitaremos la formas en que se expresa la desigualdad, desafiliación y los procesos de exclusión social, en jóvenes con prolongados procesos de institucionalización, y en tercer lugar, haremos eje en las estrategias de intervención sobre esa población que se la ha  pensado y se la continua abordando sobre lógicas de seguridad y control y no en términos de inclusión social en las planificaciones de la política pública actuales.

Las tensiones en los sistemas de las políticas sociales

Los cambios instituidos a partir de modificaciones legislativas en materia de responsabilidad penal juvenil, salud mental, régimen penal de adultos, entre otros, va consolidando una manera distinta de pensar la intervención en  las políticas sociales actuales en los distintos territorios, particularmente de la Provincia de Buenos Aires.  El usuario, beneficiario, atendido, tutelado, cambia su estatuto a partir de ser enunciado como sujeto de derechos en los cambios legislativos nacionales  y provinciales, que asumen la letra de los Tratados Internacionales en las distintas materias.  Aspecto que comienza a tallar y hacer marca en los dispositivos diagramados en las políticas sociales. Sin ninguna duda, quién hoy piensa en términos de planes, planificación, organización de gobierno no puede soslayar la fuerza de las normativas que en perspectiva de Derechos Humanos configura un nuevo escenario en la relación del Estado con sus ciudadanos, sean estos niños, jóvenes en conflicto con la ley, usuarios de servicios de salud mental, entre otras minorías que ampliaron sus derechos, no sin luchas, tensiones y debates.

Sin embargo, el encierro bajo todas sus modalidades de: curar, re habilitar, condenar, castigar sigue incólume en los dispositivos y formas de organización de las políticas de Estado. Por tanto, un complejo proceso resquebrajamiento y cierre  de los mismos queda aún por delante. Ahora bien, pese  a los avances en materia de Derechos Humanos, los dispositivos carcelarios y sus efectos sobre la salud mental de las personas que los habitan constituye una deuda y una violación de derechos, cuyos efectos y consecuencias no hacen más que retro alimentar su funcionalidad y justificar su finalidad de control y seguridad.

Por fuera de estos sistemas de encierro aparece un conjunto de dispositivos de la política pública que requieren organizar sus prácticas y sus intervenciones en términos de inclusión social, tematización que ordena este escrito.

Las tensiones al interior de las políticas públicas son puestas en evidencia en las intervenciones que se enmarcan en la tríada, delito, seguridad, exclusión social. Sin embargo, no pretendemos establecer la discusión desde esa lógica, que suele llevar a callejones sin salida, sino que las tensiones las pensamos vinculadas al desafío de construir allí donde la política social hace límite, donde no puede desplegar prácticas, recursos, instituciones que alojen  lo que la sociedad misma produce: desigualdad, marginación, ruptura del lazo social.

Los nuevos ordenamientos normativos portadores de un cambio de paradigma, permite salir de la lógica custodial a la lógica comunitaria, y en tal sentido obliga a una nueva configuración de las políticas sociales de tal  forma que su organización y articulación permitan el goce de los derechos sociales, su ejercicio y efectivización.  En tal sentido, cabría una organización más sistémica de las políticas sociales y no programas aislados, que profundizan las prácticas de derivación, sectorización y fragmentación de las personas y los problemas que las aquejan.

En este sentido, mostramos procesos de intervención potenciadores de la articulación entre lo existente pero a la vez teniendo presente los efectos  que un modelo político, social, económicos produce al empujar a  importantes sectores sociales a la marginalidad y la desigualdad. Las políticas  sociales de los gobiernos son expresión de estas circunstancias, y en muchos casos  demuestran los efectos de  la desinversión del Estado. Y es entonces, sobre esa discusión,  que pretendemos avanzar.

Retratos de la intervención

Los equipos técnicos de los distintos efectores de la política pública social, a los que hacemos referencia en estas líneas, encuentran en sus diversos ámbitos de intervención una población caracterizada por largos procesos de internación, aislamiento, consumos de sustancias tóxicas, sin inscripción comunitaria-territorial, desalojados de los vínculos familiares de origen. En suma, presentan escasos o nulos recursos para emprender un proceso de inclusión social integral, que permita en un corto plazo tornar sustentables estrategias de inserción social/laboral/cultural/económica. Es por ello que hablamos de un proceso a construir.

Los efectores de las instituciones vinculadas a la responsabilidad penal, tanto en aquellas situaciones en las que interviene la justicia penal juvenil, como en las situaciones que interviene la justicia penal de adultos, reciben a diario una población que en términos amplios podemos decir, presentan un complejo y persistente proceso de exclusión social.

Es una población que expresa un largo derrotero de desafiliación social, vincular, económica y territorial. Tomando a Castel (1991 p37) quien señala que  “la marginación profunda se presenta al final de un recorrido”, podemos hipotetizar que la población, con la cual desarrollamos parte de nuestra tarea profesional, presenta las marcas de ese proceso, y los efectos, muchos de los cuales descolocan los objetivos y las misiones de las instituciones puestas para su atención. Pero aún más, muchos de esas huellas fueron promovidas por las intervenciones mismas de esos sistemas. Una cadena de mutuas afectaciones que pone a los usuarios/beneficiarios/atendidos/tutelados  y a los equipos técnicos frente a una encerrona, que siguiendo a  Ulloa (1995), se configura como tragedia.

Los procesos de marginalización, que culminan las más de las veces en un profundo proceso de exclusión social,  se visibiliza en las  carencias insondables y los posicionamientos subjetivos con los que se presenta la población atendida ante los efectores públicos correspondientes en cada oportunidad. “Vengo porque me manda el juez” enunciación que se repite y que repite en cada institución, sintetiza los efectos de la violencia institucional, conformando lo que Ulloa denomina el Síndrome de violentamiento institucional (op.cit, p 246) Estado en el cual prima el des- trato  y que convierte aquello que enuncia en  repetición,  en donde nada aloja lo propio y nada de su singularidad es alojado. La persona enuncia ante el otro fragmento de su historia sin nada que lo involucre como sujeto de derecho y los otros devuelven la imagen de la imposibilidad del abordaje, producto de las situaciones de un vaciamiento estructural en los lineamientos de la política social.

En su gran mayoría, la población asistida en el sistema penal, transitó un largo y complejo procesos de intervenciones, donde el Estado siempre estuvo y mayormente falló. La intervención penal, como instancia que busca por fuerza de la ley la re inserción social, aparece como un punto más, de los tantos otros, en los cuales el sujeto se presenta desafiliado.   Es decir,  la mayoría de las veces, lo penal se suma a un largo camino de institucionalización, que recurrentemente se inicia en la temprana infancia en el sistema de protección y que a la postre, se aloja en estrategias de intervención de reproche penal para ser  circunscripto a posibles tácticas de inclusión social, re inserción o rehabilitación, entre otras acciones que expresan los objetivos de los instituidos de cada organización, que refuerzan las lógicas de ese común social, puesto a atender una población que se muestra siempre tutelar.

La población, que se expresa en emergencia y desprovista de ordenadores sociales que la contenga en lógicas relacionales inclusivas, muestra precisamente las rupturas en su historia personal y en su transitar por las instituciones. Un número cada vez más significativo de personas jóvenes, llegan a los sistemas de intervención penal, con rupturas severas en sus vínculos afectivos, territoriales y comunitarios. Desalojados de toda pertenencia a un común social, deambulan por servicios que no tienen nada para ofrecer. Es tanto de lo que carecen, trabajo, vivienda, educación, vínculos afectivos, excede toda táctica de intervención y en consecuencia, se confronta con un imposible que retroalimenta la desafectación y la exclusión social.

Castel (op.cit)  señala que los desenganches relacionales, tanto laborales como vinculares, profundizan los procesos de vulnerabilidad, y expresa

“En el caso de algunos jóvenes que pueblan los suburbios desheredados alrededor de las grandes metrópolis. Ellos son a menudo, ya sea simultanea o sucesivamente, un poco delincuentes, un poco toxicómanos, un poco vagabundos, un poco desocupados o un poco trabajadores precarios. Ninguna de estas etiquetas les conviene exactamente, rara vez se instalan permanentemente en uno de esos estados, sino que circulan de uno a otro” (p.39)

En continuidad con esta línea teórica, Fitoussi & Rosanvallon (1996) han señalado las nuevas formas que adopta la población en situación penal y que expresan las maneras que adquiere la desunión social  y la ruptura de lazos sociales que resultaran estructurantes de la subjetividad, en la medida que constituye en su genealogía un punto de apoyo y referencia.

Esta población, sin familia, entendida en sentido amplio como vínculo afectivo fundante, sin trabajo, sin educación, con consumo de sustancias, sin vivienda, sin comunidad,  nos obliga a interrogarnos sobre los efectos y las consecuencias de ese desvanecimiento de los vínculos tradicionales, para desde allí poder pensar trayectos de intervención, que seguramente conmocionan los instituidos en tanto desbordan la organización tradicional de las políticas públicas.

Otro elemento que se encuentra presente en la población que abordamos desde estos dispositivos pos encierro, lo constituye el desplazamiento de sus comunidades de origen desde largo tiempo. Un número importante de jóvenes, frente a la pregunta por su localidad de origen, no expresan ninguna pertenencia territorial. Aún más, el lugar donde vive su familia o dónde han transitado parte de su vida, es rememorado como un lugar vacio, riesgoso “ahí está la mala junta”, “estoy en la calle desde antes de ir al penal”, “mi familia no me quiere ni ver” “no puedo volver”. Esta situación, que retomaremos posteriormente, organiza una población desplazada en donde el mismo sistema de privación de la libertad y/o medidas de protección, coadyuvo a reforzar, es decir nada de las primeras intervenciones (proteccionales, de salud) garantizó la inmediatez  y accesibilidad territorial ni la vinculación y en consecuencia se profundizó el aislamiento y  la segregación.

Por ello, cabe desplegar una serie de interrogantes que nos deja planteada esta caracterización, que no tiene la pretensión de ser ni exhaustiva ni totalizadora, pero que habilita la pregunta acerca del  hacer y del decir en  las políticas públicas sociales, ¿Cómo trabajar? ¿Cuáles son los dispositivos capaces de alojar una respuesta que potencie la inclusión social? Asimismo, cómo desplegar estrategias que  no re victimice ni acreciente la situación de vulnerabilidad y que genere una intervención tal que permita  salir de la exclusión social/desafiliación, y de las secuelas de la violencia, de la enajenación y la fragmentación, marcas de la institucionalización.

La intervención en los escenarios de las políticas sociales

En el apartado anterior, hemos intentado dar cuenta de los efectos y las consecuencias en la producción de subjetividad al caracterizar la forma en que se presenta  la población que llega a la intervención pos carcelaria (sea esta para jóvenes exclusivamente o para jóvenes y adultos), asimismo hemos aventurado la necesidad de re configurar las formas  en que se presentan las políticas públicas, en tanto sostienen formas sectorizadas que establecen prácticas de derivación y segregación. En suma, con esos elementos nos hemos interrogado acerca de cómo salir de la lógica custodial a la lógica comunitaria, para en el presente apartado, abordar qué significa trabajar en un proceso de  construcción de la intervención, que desnaturalice el sufrimiento,  pueda trabajar con el sujeto en forma reflexiva sobre las afectaciones y las marcas que porta y hacer emerger un abordaje integral en clave de Derechos Humanos.

Entendemos los procesos de producción de la subjetividad como resultado del reticulado de inscripciones simbólica, sociales, deseantes, posibilitadoras del sujeto psíquico y de la inscripción en el propio mundo social, que lo constituye como sujeto histórico/social y político. (Del Cueto, 2014). Entendida en estos términos la producción de subjetividad nos permite ingresar a los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental, en la medida que esta, en su ruptura de paradigma, organiza una cosmovisión compleja de la misma.

Si partimos de la definición de Salud Mental puesta de manifiesto en el art. 3 de la Ley de Salud Mental 26657[iii], estamos comprendiendo que las presentaciones con las que concurren          las personas jóvenes  a los efectores de la política pública pos encierro expresan  sufrimiento, pero en palabras de Ulloa (1994, p 236) “un psicoanalista que se proponga no retroceder frente a las condiciones del sujeto en emergencia, sobre todo cuando se contextúan las distintas versiones de la pobreza, deberá presentar un equipamiento conceptual y metodológico nada pobre, capaz de representar alguna oportunidad para revertir la agonía del sujeto coartado”

Esto implica, a nuestro entender, construir una intervención por parte de los equipos técnicos que habilite y de lugar a trabajar en un marco que permita el pasaje del des trato al buen trato. Este movimiento no es el único pero si el necesario. Por tanto, otro elemento que entra en juego al momento de pensar la intervención, es sustituir la práctica de la derivación por formas de trabajo que promuevan el acompañamiento, pero con el objetivo de instituir acciones paulatinamente cada vez más autónomas en la gestión de la vida cotidiana.

El ejercicio de los derechos, quebrantado en la producción de subjetividad de los modelos tutelares, es una práctica que debe agenciarse en una nueva subjetividad reflexiva y autónoma (Castoriadis, 1990). El ejercicio de los derechos no es ajeno a la accesibilidad de los mismos, garantizada esta por las políticas públicas. En este punto es importante pensar sobre aquellos elementos que conforman una política social en términos de complementariedad, corresponsabilidad e intersectorialidad. Para lo cual, se hace imprescindible que los equipos puestos a la intervención, puedan participar de mesas locales, foros comunitarios u otras expresiones de gestión inter sectorial, que fortalezca intervenciones en red.

Hemos señalado, que un número importante de personas jóvenes, al momento del abordaje pos encierro, no cuentan con familia o comunidad de origen. Este constituye uno de los obstáculos más relevantes cuyos efectos en la estrategia de trabajo se hacen sentir con cierto peso. El acceso a la vivienda siempre es transitorio, pensiones, paradores para personas en situación de calle, ong’s entre otras formas, en la medida que aún no hay una política habitacional orientada a estos sectores sociales. Este aspecto hace obstáculo también en los procesos de inserción laboral y frente a esta situación, el acompañamiento para sostener vínculos estables o construir vínculos nuevos, es una táctica más de las tantas estrategias que sostienen los equipos.

Podemos concluir al reflexionar que cada una de estas prácticas que hemos  señalado forman parte de las muchas otras maneras de trabajo posibles a desplegar. Cada situación, de cada joven enuncia nuevos desafíos e interrogantes. Muchas veces, cuando creemos que todo está encaminado, ese trayecto se desarma y hay que configurar otro nuevo. Por ahora, las políticas sociales no hacen el andar sencillo pero no por eso resignamos la posibilidad de entender que hay otra manera de intervenir.

Referencias bibliográfica
  • Castel, R. (1991). La dinámica de los procesos de marginalización:de la vulnerabilidad a la exclusión social. En AAVV, El espacio institucional 1 (págs. 37-52). Buenos Aires: Lugar.
  • Catoriadis, C. (1990). Psicoanálisis y Política. En: El mundo fragmentado. Buenos Aires: Altamira.
  • Del Cueto, A. (2014). Vivir, pensar y desear. En: La Salud Mental Comunitaria (págs. 23-41). Buenos Aires: Fundo de Cultura Económica de Argentina.
  • Rosanvalon, F. &. (1996). Los dos padecimientos. En: La nueva era de las desigualdades (págs. 21-102). Buenos Aires: Manantial.
  • Ulloa, F. (1995 (1 edición)). La difícil relación del psicoanálisis con la no menos difícil cirsunstancia de la salud mental. En:  Novela clínica Psicoanalítica (págs. 233-256). Buenos Aires: Paidós

[i] Fernando Gómez

Licenciado en Psicología. Sub director Territorial IV Patronato de Liberados Bonaerense. Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Docente JTP ordinario de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP Cátedra 1 Psicología Social.

Docente Titular de FPyCs, en las extensiones áulicas Moreno.

Docente extensionista

Maestrando de la Carrera Maestría en Comunicaciòn y Criminología Mediàtica. FPyCS. UNLP

Ex integrante del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos DXI ( vicepresidente/ tesorero período 1995-1999)

Participación y presentación a Congresos y Jornadas, en temas: Trabajo con personas en conflicto con la ley penal. Abordaje  de personas en procesos de inclusión social pos penitenciario.

Experticia Políticas Públicas alternativas al control social, abordaje intersectorial para la inclusión social de personas en egreso del sistema penitenciario.

[ii] Claudia Orleans

Licenciada en Psicología. Directora del Programa de Abordaje Múltiple en niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad social. Organismo de Niñez y Adolescencia Provincia de Buenos Aires.

Docente de la Facultad de Psicología, Cátedra Psicología Institucional UNLP. Docente investigadora en políticas públicas de infancia.

Doctorando de la Carrera de Doctorado en Psicología UNLP.

Docente del Programa de  actualización en  Salud Mental. Plan de Mejora para la Carrera de Psicología UNLP

Docente extensionista

Coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología UNLP

Integrante del Plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental en representación de la UNLP (2014-2016)

Presentación a Congresos y Jornadas en temas de políticas públicas de infancia, infancia y salud mental, dispositivos comunitarios y territoriales en el abordaje de las infancias en situación de vulnerabilidad social.

Diversos artículos escritos en revistas, libro de cátedra y publicación en acta de congreso.

[iii] En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.

 

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