El crecimiento y avance de los reclamos por parte de pacientes contra el sistema de salud, ha sido observado por el equipo de atención médica como una situación conflictiva fuera de su ámbito de influencia.
Los juicios contra profesionales e instituciones son originados no sólo ante la comisión de presuntas conductas culposas sino por violación o incumplimiento del deber jurídico, parte integrante hoy del deber de buen comportamiento profesional, tanto desde el punto de vista individual como institucional.
El principal argumento de defensa ha sido la existencia de una "industria del juicio", sin vislumbrar las amenazas y debilidades que esa mirada acotada tiene ante el avance de los derechos sociales.
Posiblemente, la consecuencia más grave es el fenómeno cultural de la "medicina defensiva", que a fin de resguardar la responsabilidad profesional de cada uno de los miembros y de las propias instituciones, ha puesto en marcha mecanismos de defensa incoordinados, con diversidad de criterios, cuyo único logro es impactar en los costos tangibles e intangibles del sector y ofrecer un servicio de atención médica de mala calidad, sin vislumbrarse todavía un remedio o paliativo para esta situación.
Desde el ámbito jurídico poco se ha asistido en la prevención de los riesgos médico- legales en forma sistemática y orgánica.
Las estrategias sectoriales, individualmente o en conjunto serán incapaces de frenar o cercar los reclamos justos o injustos contra el sistema de atención.
Según informes oficiales existe un crecimiento exponencial de reclamos y de costos.
Los juicios de responsabilidad profesional, mal llamados de "mala praxis", aumentaron el 22% en el último año y afectan a uno de cada cinco profesionales de la salud, con demandas que promedian los $550.000.
El 32% de las mismas se entabla contra profesionales y 68% restante apunta a las instituciones públicas, privadas y de la seguridad social.
El aumento del costo de la atención médica entre el 5% y el 10% por el fenómeno de la medicina defensiva, es un punto que desde la óptica de la planificación se debe atender con suma precisión, ya que provoca pérdidas de recursos indispensables para la protección y recuperación de la salud de la población.
No existe actualmente un Programa que desde el sector público aborde esta temática. En función de esto se ha encarado este desafío de posicionar al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como principal referente en esta temática, fortaleciendo su calidad de gestión propiciando una cultura organizacional basada en el reconocimiento de derechos y en la seguridad de los pacientes.
El presente "Programa de Prevención y Asistencia Médico Legal en Salud Pública" propone la construcción e implementación de una política pública de largo plazo destinada a proteger a pacientes, profesionales, integrantes del equipo de salud en general y a las organizaciones estatales de salud de potenciales litigios por problemas médico-legales, en el marco de consolidar la excelencia del hospital público, creando ambientes seguros y saludables para todos.
Las relaciones entre la comunidad, pacientes y efectores de atención médica provocan una amplia variedad de deberes y derechos que las mismas, en general, desconocen previamente y a los que sólo apelan cuando el resultado no ha sido el esperado, ya sea por cuestiones endógenas o exógenas a la relación. Entonces esa relación se judicializa y escapa de nuestra esfera de incumbencia.
La desinformación y el desconocimiento para la toma de las decisiones más apropiadas constituyen uno de los pilares de los conflictos, que desde la mirada de la prevención podría llegar a minimizarse.
Se pretende abordar dos situaciones: una coyuntural, ante el hecho consumado, (denuncias, "mala praxis, violencia, conflictos internos y externos, etc.) implementando una asistencia personalizada para aquellos profesionales que se encuentren ante situaciones de riesgo o conflicto médico - legal que requieran de asesoramiento y contención inmediata para no agravar la situación.
Y otra estratégica, diseñando e implementando herramientas de prevención y de gestión de riesgos médico legales, investigación, formación y capacitación, destinada a producir conductas y comportamientos saludables, como componente necesario de la gestión de calidad.
La implementación del presente Programa pretende aportar al sistema de salud herramientas que permitan reforzar una cultura de derechos, de respeto a la dignidad humana tanto de pacientes como del equipo de salud.
Entre sus ventajas se puede observar la humanización de la atención, la mejora de la calidad de atención, la reconstrucción de la relación médico paciente y la creación de ambientes de trabajo seguros y más saludables, entre otras.
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